En un poblado indígena del Sur del país, llamado Xocotla, Veracruz, dos adolescentes de 14 años de edad, Fermín y Benito, lograron cargar cada quien un bulto de 50 kilos de cemento. A partir de ese momento sus familias y su comunidad los consideraron aptos para irse a construir casas y edificios a la Ciudad de México. A trabajar.
“Aquí todos los que aguantan ese peso se empiezan a ir para allá”, relató Fermín, actualmente de 16 años y con dos de experiencia trabajando y viviendo en la capital del país, trasladándose de aquí para allá en busca de empleo en construcciones, sin contrato y con algún patrón que actúa fuera de la ley.
Desde el momento del levantamiento del bulto hace dos años, ellos —como cientos de menores de edad que salen de zonas pobres de México a la capital— recibieron el apodo de “chalancitos”, diminutivo de chalán, término común para identificar a un albañil principiante que ayuda a otros.
Han trabajado con empresas que violan las leyes laborales vigentes que fueron anunciadas el 11 de junio de 2015 por el gobierno federal en Ginebra, Suiza, en el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil.
Ahí, México dio a conocer que mediante decreto presidencial prohibió la contratación de menores de 18 años de edad en 12 actividades consideradas “peligrosas o insalubres” para los adolescentes. En la lista figuran las “obras de construcción”, como en las que se han desempeñado Benito y Fermín.
Sin embargo, para Fermín, no hay duda de lo que está decretado en materia laboral en su pueblo: “Ya cuando aguanta uno allá para trabajar, ya se va uno”.
Él y Benito comenzaron en sus labores cuando no llegaban a los 15 años. Dejaron sus estudios de secundaria y se mudaron a la Ciudad de México, a 320 kilómetros de casa. Ambos personifican la violación de las leyes y son sólo una pequeña muestra dentro del flujo constante de menores que salen de Xocotla antes y después del decreto.
La cuna de los peones
Xocotla, en el municipio de Coscomatepec, con 52 mil habitantes, es una comunidad serrana en la región central de Veracruz, en las faldas del volcán Pico de Orizaba. Su economía se sostiene del trabajo en la albañilería en la Ciudad de México, que atrae no sólo a adultos sino también a jóvenes que como Benito y Fermín abandonan sus estudios y no aspiran a una vida en el campo o el comercio. En esas actividades, según sus testimonios, sólo pueden ganar 25% de lo que obtienen al enrolarse en la industria de la construcción.
El alcalde de Coscomatepec, Manuel Álvarez Sánchez, dijo a Ruta 35 que en su gobierno se calcula una circulación de 3 mil 500 trabajadores de la construcción que viajan constantemente entre ese municipio y la capital del país, y que la mayoría son de Xocotla. “La población que se va a la capital oscila entre los 13 y 25 años”, añade el funcionario.
Entre esos grupos que salen cada semana desde distintos puntos del municipio serrano van los menores de edad, sin control oficial.
Es un negocio irregular con un engranaje que aparentemente funciona bien para todos, pues el objetivo de obtener recursos se cumple. El precio que pagan los menores por exponerse a un trabajo y un entorno riesgosos, es lo que le roba la calma al pueblo.
¿Decreto sin compromiso?
El 11 de junio de 2015, en Ginebra, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, se sentó en una mesa llamada No al trabajo infantil. Sí a la educación de calidad, junto al Premio Nobel de la Paz y activista contra ese fenómeno, Kailash Satyarthi.
Dice un comunicado del gobierno federal ese día: “El futuro en materia de trabajo infantil depende de la eficacia de las acciones del presente por los niños que serán los protagonistas del México del mañana”, y sigue un fragmento de lo dicho por Navarrete Prida: “Vencer esta batalla significa devolverles el derecho básico de vivir plenamente la infancia y la adolescencia, periodos fundamentales para el desarrollo individual y para lograr su inserción plena en la sociedad”. Un día después, fue publicado el decreto en México.
Los domingos en Xocotla, a miles de kilómetros de Ginebra, Fermín, Benito y los demás “chalancitos” siguen su tren de vida.
Es un día en el que la gente suele despertar temprano porque están atentos a don Ricardo Alejo, quien recibe los anuncios de oferta de trabajo en su casa y los vocea con tres altoparlantes que se levantan sobre el techo de la vivienda entre la fría neblina de la montaña.
Alicia Athie, consultora sobre trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que el organismo no ha recibido información específica, pero anticipa una hipótesis basada en su conocimiento del tema: los menores de edad son reclutados por intermediarios que los ponen al servicio de grandes constructores, que usualmente tienen buenas prácticas como empleadores. En el esquema de Xocotla no se observó una verificación rigurosa del personal reclutado.
En el pueblo hay unas 60 camionetas de transporte rural que los fines de semana se dedican sólo a llevar trabajadores desde sus casas hacia una estación de gasolina, bajan la montaña, donde esperan los autobuses que los llevan a la capital. A cada camioneta suben 15 personas y hacen hasta dos viajes los domingos. Ningún vehículo tiene permiso oficial.
Algunos vehículos, con capacidad para 12 pasajeros se enfilan directo hacia la Ciudad de México. Mientras tanto, otros se dirigen a distintos puntos cercanos donde los esperan autobuses listos para tomar la carretera.
En la explanada de una estación de gasolina, uno de los puntos de reunión, se encuentran siete autobuses listos con capacidad para 45 pasajeros cada uno. Al lugar llegan más personas de otras comunidades de Coscomatepec. Lo mismo ocurre en otras áreas estratégicas donde se anuncian salidas a la capital.
A los choferes que esperan en la gasolinera no les gusta que le tomen fotos a sus vehículos ni al embarque de los ‘chalancitos’. Forman un grupo, se tapan el rostro y amenazan, pero aceptan dialogar.
Su actividad no cumple con las regulaciones oficiales. “Los trabajadores son trasladados en líneas fuera de control y no estamos facultados para ordenar la piratería en el transporte público”, asegura el edil Álvarez Sánchez.
“A los camiones los califican como los autobuses del terror”, comentó el diputado González Saavedra.
“Siempre fallan los carros. Luego se descomponen y algunos quieren arder. Se encierra el humo adentro”, cuenta Benito.
