El pasado 19 de septiembre, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, sufrió un ciberataque. Aunque todavía no se sabe quiénes lo ejecutaron, se cree que los culpables estarían relacionados, de una u otra manera, con el gobierno de Rusia.
¿Por qué? Porque el 17 marzo de este año, en un hecho sorprendente, la CPI emitió una orden de arresto en contra del presidente ruso, Vladimir Putin, por el secuestro de niños en la región del Donbás, en Ucrania, y su deportación a Rusia en febrero de 2022, en el marco del conflicto armado ruso-ucraniano.
Bajo estas arduas y delicadas circunstancias, la CPI —que desde el 1 de julio de 2002 investiga y lleva a juicio crímenes graves internacionales, como el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad— anunció recientemente que ahora también perseguirá los cibercrímenes de guerra, es decir, aquellos delitos cometidos en el ciberespacio por un país para dañar los sistemas informáticos más importantes de otro.
“Por un lado, es evidente que la orden de arresto en contra de Putin emitida por la CPI causó una gran molestia en el Kremlin; por el otro, se sabe que Rusia es uno de los países con capacidades ciberbélicas más desarrolladas y que en 2007 habría aislado a Estonia del resto del mundo mediante un ciberataque, porque esta antigua república soviética decidió expulsar de su territorio a los rusos que residían en ella pero que no hablaban el estonio. Y un año después, Rusia también habría perpetrado un ciberataque a Georgia e intervenido la página del entonces presidente de esa nación, Mijeíl Saakashvili”, señala Cristina Rosas González, académica de la UNAM.
Sin sanción
A partir de una motivación económica o política, los ciberataques tienen como objetivo bloquear, dañar o robar información del sistema informático de una entidad, un organismo o una empresa.
En el caso de los cibercrímenes de guerra, afectan la infraestructura estratégica de un país, como hospitales, aeropuertos, escuelas, universidades, instalaciones petroleras, centrales nucleares, etcétera, lo cual puede repercutir negativamente en la vida y el bienestar de la población.
Por eso, la CPI ya los incluyó dentro de la lista de crímenes que persigue. Sin embargo, hay un detalle: el Estatuto de Roma, el instrumento con el que se constituyó la CPI el 17 de julio de 1998 no ha sido ratificado por cinco potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel.
“Obviamente esto merma la capacidad de acción de la CPI, porque si los individuos a los que pretende juzgar son oriundos de países que no reconocen su tutela, quedan sin sanción”, apunta la académica.