La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica, condenó al Estado venezolano por un operativo que la Guardia Nacional efectuó en una cárcel en 2003 y en el que murieron ejecutados siete personas privadas de libertad y 27 resultaron heridas.
A pesar de que el Estado venezolano reconoció su responsabilidad en los hechos, la CIDH considera que era necesaria la sentencia para profundizar en lo ocurrido y ordenar medidas de reparación.
“Las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida”, detalló la CIDH.
La Corte Interamericana agregó en la sentencia que en cuanto a las personas lesionadas, “el uso de la fuerza empleada en su contra, al no haber sido estrictamente necesario por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal”.
El Tribunal también concluyó que el Estado faltó a la debida diligencia y que los hechos no han sido esclarecidos, no se ha identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas.
