La aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, por supuestamente beneficiarse del delito de huachicol fiscal a través de su empresa Ingemar, ha desatado diversos debates y acusaciones entre la oposición y el Gobierno Federal.
Mientras unos acusan al gobierno de emprender “una persecución política” contra opositores, el gobierno asegura que Ernesto Ruffo era “el dirigente de una organización criminal” que contrabandeaba litros de combustible declarando menos cantidad.
Para entender mejor este asunto, le presentamos algunas claves de cómo se desarrolló este conflicto que, lejos de discutirse como un asunto de seguridad y fiscalización en los más altos niveles del Gobierno Federal, ha llevado a crispar las relaciones políticas en México.
El escándalo
La trama de huachicol fiscal que hunde a México comenzó en marzo de 2025, cuando autoridades federales decomisaron el buque Challenge Procyon en la aduana de Tampico, Tamaulipas, con la incautación de 10 millones de litros de diésel.
Este golpe a la corrupción en las aduanas mexicanas reveló una red de empresas y funcionarios del más alto nivel que permitían y se beneficiaban de declaraciones falsas de aditivos y combustible: diciendo que era menos o era otro producto, introducían combustible de manera ilegal para venderlo en México, sin pagar el costo real de entrar al mercado nacional.
Para julio de 2025 se dio el segundo mega decomiso de combustible sin declarar en Coahuila, cuando autoridades federales aseguraron 129 carros tanque en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, los cuales contenían más de 15 millones de litros de diésel y gasolina introducida a México de manera ilegal.
Altos mandos
El destape de esta red criminal no solo llevó a señalar a altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), a cargo de las aduanas del país desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino a una red de más de 100 empresas relacionadas con el delito de contrabando de combustible.
Una de las empresas señaladas, para julio de 2025, fue Ingemar, fundada por el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. En ese momento, Ruffo —quien además había sido en varias ocasiones legislador por el PAN— se encontraba ya retirado de cargos políticos.
La investigación
Desde junio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a armar los expedientes que pudieran llevar a la aprehensión de más de 200 personas, entre funcionarios, empresarios y agentes aduanales, presuntamente involucradas en esta trama delincuencial.
En julio, después del mega decomiso en Coahuila, más empresas salieron a la luz: la empresa Ingemar mintió en sus bitácoras para ingresar gasolina a México procedente de Estados Unidos.
El 1 de agosto, la FGR y fiscalías locales comenzaron a solicitar las órdenes de aprehensión contra estas 200 personas involucradas. Entre ellas, Ernesto Ruffo Appel y 24 personas más dentro de su empresa, Ingemar.
El domingo 7 de septiembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas al contrabando de combustible luego del mega decomiso de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico.
Las acusaciones
Según las investigaciones a las que tuvo acceso El Universal, autoridades federales encontraron a la empresa Ingemar como la responsable de “huachicolear” más de 9 millones de litros de hidrocarburos en los últimos meses de ese año.
En entrevista con este diario en 2025, Ruffo Appel señaló que Ingemar es una empresa que se dedica a la compraventa de combustible, cuya única función es ser intermediaria, por lo que después de hacer una importación y cruzar la aduana, el combustible deja de ser de ellos.
La detención
La FGR solicitó la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo el 22 de junio de 2026 ante el juez de carrera judicial, Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Pero la negó al considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) no fundamentó los delitos imputados.
Luego, el 13 de julio de 2026, la FGR presentó de nuevo la solicitud de captura, esta vez ante Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de elección popular adscrita al mismo centro judicial en Almoloya de Juárez, quien la concedió.
A Ernesto Ruffo lo detuvieron el pasado jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California. La FGR ejecutó la orden de aprehensión acusándolo de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
