El espectáculo protagonizado por el auditor superior de la Federación con la descalificación pública de la metodología utilizada para calcular el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco, inoculó el virus de la desconfianza sobre una de las piezas clave del combate a la corrupción en el país. La forma y velocidad de la rectificación no fue una inocente fe de erratas, sino una reacción inmediata al regaño presidencial. Con o sin intención, la ASF se puso a merced de la jauría electoral.
Como primer trofeo, el auditor especial de desempeño —responsable de la auditoría al aeropuerto— quedó temporalmente separado del cargo. Como segundo, se hizo una comparecencia frente a integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en la cual se invirtieron más de dos horas y media para culpar al pasado y no decir nada sobre los posibles errores del presente.
La Comisión de Vigilancia, integrada por miembros de ocho partidos distintos, tiene la importante tarea de vigilar al vigilante para que este rinda cuentas. Quedan muchas preguntas sin resolver en torno a la tercera entrega de informes individuales correspondientes a la cuenta pública de 2019. Por ejemplo, a la fecha, no se sabe por qué en comparación con 2018, la ASF decidió practicar 29 por ciento menos auditorías. Tampoco cuáles fueron las razones detrás del ajuste al plan anual de auditorías realizado en junio de 2020, a partir del cual dejaron de hacerse 114 de las auditorías previstas, otras 167 tuvieron ajustes y se agregaron 16 de cumplimiento y desempeño. Finalmente, tampoco se sabe por qué por primera vez en la historia desde la creación de la ASF no se cumplió con la primera entrega correspondiente a esta administración. En su momento, la razón aducida fue la pandemia. Sin embargo, inexplicablemente el anuncio de esta omisión se realizó el mismo día en el que vencía el plazo.
La fiscalización superior es un ejercicio técnico que no tiene nada de improvisado. A partir de un mapa de riesgos bien establecido, de la verificación de denuncias y de una planificación que se hace con un año de anticipación, este ejercicio sigue distintas etapas en las que se genera, contrasta y verifica información. En resumidas cuentas, se revisa qué se hace y con cuánto, además de constatar si lo que se hace cumple o no con los objetivos para los cuales se destinan los recursos públicos.
A diferencia de otras entidades, la ASF cumple con un alto nivel de transparencia en el inicio y final del ciclo de fiscalización superior. Sus informes pueden ser consultados detalladamente a través del portal ASF datos.
Gracias a la labor de fiscalización se ha uno enterado de desvíos de obras mal planeadas, con sobrecosto o con opacidad como la Estela de Luz, la Línea 12 del metro o el Paso Exprés cuyas consecuencias fatales fueron la pérdida de dos vidas que quedaron sepultadas entre la negligencia y el despilfarro.
La fiscalización ha permitido develar casos de redes de corrupción como la Estafa Maestra, ha encendido alertas y permitido corregir programas sociales que no cumplen con metas y objetivos.
Bien utilizada, la información de la fiscalización sirve para corregir políticas públicas, realizar investigaciones, recuperar recursos que han sido desviados de su destino original. Es clave para combatir la corrupción. Sin embargo, si esta información se utiliza selectivamente o si por motivos electorales se pone en duda la información relevante que arrojan los 1360 informes de auditoría presentados hasta hoy, se seguirá con los despilfarros y la corrupción de siempre.