Ante la SCJN, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) argumentó la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (LGHCTI), pues “cumple” con garantizar el derecho humano a la ciencia y su orientación para la resolución de los problemas nacionales, como establece la reforma constitucional de 2019.
Ello ante las acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos diputados y senadores de oposición en contra de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (LGHCTI).
La CJEF aseguró que con la nueva ley del Conacyt se salvaguardan las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, necesarias para el desarrollo democrático de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación.
Explicó que al reasignar miles de millones de pesos —“que eran dilapidados en empresas privadas, incluso trasnacionales como Monsanto o Coca Cola, o mediante subsidios a pequeñas élites oligárquicas que vivían del erario”— se evita el dispendio de recursos públicos, como ocurría en gobiernos anteriores.
La Consejería dijo que través de 91 fideicomisos se entregaron, a fondo perdido y sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada.
Recordó que cuando el ahora diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) encabezó Conacyt de 2006 a 2011, mediante el programa Innovatec entregó recursos por 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SA de CV, para supuestamente desarrollar programas de investigación con el fin de mejorar la calidad de pañales y el papel higiénico. “¿Cuál fue el beneficio social para la población?”.
La Consejería señala que el derecho de todas las personas para gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones debe ser garantizado por el Estado.
