María Elena Ríos González, actual titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) e incluida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la terna para elegir a quien ocupará el puesto vacante de magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mantiene congelada desde hace dos años una iniciativa de reforma a la ley para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del país, pese a múltiples llamados de activistas de comunidades indígenas.
Esta iniciativa de reforma tiene el objetivo de elevar a nivel constitucional el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, así como a la autonomía comunitaria y fue elaborada por un comité técnico.
Para construir esta iniciativa de reforma, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), durante los meses de junio y julio de 2019, realizaron 54 foros de consulta en todas las regiones indígenas del país, considerando también al pueblo afromexicano y a la población migrante.
Además, consta de 630 mil 986 firmas de autoridades, representantes de pueblos indígenas y afromexicanos que respaldaron la iniciativa.
De acuerdo con el Ejecutivo federal, los pueblos indígenas serían una de las prioridades en su gobierno, no obstante, esta iniciativa está detenida en presidencia desde 2021 y corresponde a la Consejería Jurídica dar su visto bueno para luego enviarla a la Cámara de Diputados a fin de su aprobación.