La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones ante las respuestas heterogéneas, diversas e incluso contradictorias que ofrecieron autoridades locales y federales sobre la prevención de la trata de personas en los campos agrícolas.
Entre las recomendaciones están que el gobierno ratifique el “Protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elaborar protocolos de prevención locales y federal, y establecer metas e indicadores de cumplimiento.
También aumentar la presencia de autoridades laborales en Comisiones Intersecretariales de trata de personas, capacitar a los inspectores del trabajo y elaborar estudios estatales y regionales para mejorar la calidad de la información en la materia.
El ombudsman nacional Luis Raúl González advirtió que distintas autoridades reflejan disímiles grados de compromiso.
Recordó que la trata de personas puede encontrarse en condiciones de trabajo forzado e incluso de esclavitud, que en ocasiones se presenta en el trabajo de jornaleros agrícolas, por lo que es importante ver a este problema no sólo como un asunto penal sino también económico.
Destacó que en su mayoría las entidades contestaron las solicitudes de información que planteó la Comisión, algunas de ellas genéricamente, pero Querétaro, Tabasco y Michoacán no la proporcionaron.
Como datos relevantes del estudio, de las 33 autoridades consultadas, sólo 21 realizaron acciones para prevenir posibles casos de trata de personas en centros de trabajo.
En seis entidades federativas que se señalaron como omisas, por no responder o no tener acciones, se concentra el 32.1 por ciento de las personas ocupadas como trabajadores agrícolas: Puebla, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
Al preguntarles sobre el registro de la población jornalera que llevan, en especial la de adolescentes, 16 de las 33 autoridades del trabajo no respondieron o señalaron no contar con algún registro.
