La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó a quienes califican de “censura” los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al afirmar que algunos de sus críticos se han beneficiado de formas económica y política de difundir “mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares o de grupo” como verdades absolutas.
“La libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras”, dijo dicho organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra, a través de un pronunciamiento al recordar su postura en la acción de inconstitucionalidad 76/2025 contra distintas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla.
Indicó que el bulo, la mentira y los discursos de odio y discriminación no pueden considerarse información ni quedar cobijados por las libertades de expresión.
Fortalece el debate
Agregó que la discusión pública fortalece el debate acerca del papel de los medios de comunicación en el ejercicio efectivo del derecho a la verdad y a la democracia.
Dijo que las disposiciones propuestas no facultan a la autoridad para imponer una verdad única, opiniones determinadas o castigar el periodismo crítico o de investigación.
Indicó que tampoco implican que el gobierno se convierta en juez con el fin de determinar qué es verdad y qué es mentira en los medios, que intervenga en las decisiones editoriales o contenidos informativos, ni que se sancione a los concesionarios por lo que difunden.
Recordó que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y un recurso limitado, por lo que debe administrarse privilegiando el máximo beneficio social y bajo los principios de eficiencia, equidad e interés público, con un enfoque de derechos humanos.
Medios públicos y privados
Esta comisión explicó que la radiodifusión es un servicio público de interés general fundamental para la construcción de ciudadanía y la consolidación de una identidad cultural. En ese contexto, sostuvo que los medios públicos de comunicación no deben actuar como meros voceros del poder y que los particulares y empresas concesionarias de radio y televisión mantienen una responsabilidad social que debe trascender la lógica mercantil y los intereses particulares.
