Durante 2018, el último año del que se tiene información, el delito de extorsión dejó a las bandas criminales que operan en el país, recursos económicos por 12 mil millones de pesos, reveló el Centro Nacional de Información (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Esto representa cuatro mil millones de pesos más con respecto al 2017, en el que se estimaron ganancias para la delincuencia por ocho mil millones de pesos.
Los extorsionadores son cada vez más exitosos, de tal forma que este ilícito ya es el más frecuente, por encima del robo en vía pública o en transporte público, en 14 de las 32 entidades de la República, entre ellas Tamaulipas, Veracruz y Jalisco, afirmó el titular del CNI, David Pérez Esparza.
“No nada más se ha incrementado la cantidad de delitos de extorsión, sino que los extorsionadores como tal, son cada vez más exitosos, y podemos ver que en el último año, que tenemos información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi, durante 2018, los extorsionadores obtuvieron 12 mil millones de pesos como producto de la extorsión en general”, indicó Pérez Esparza.
Al presidir la segunda reunión de la Comisión de Medición para el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), el funcionario informó que a la fecha el CNI ha recibido más de 150 mil llamadas telefónicas al 089, de las cuales más de la mitad están relacionadas con los cinco tipos de extorsión y fraudes telefónicos identificados: amenaza de daño físico, obtención de datos, secuestro virtual, apoyo ante una emergencia y derecho de piso.
“Debemos poner la extorsión en el centro del debate, reconocer el tema como un fenómeno criminal que es muy importante y que puede incrementarse aún más durante la pandemia, esperemos que no sea el caso, pero hay que estar preparados para realizar mapas de riesgo”, consideró.
Según Pérez Esparza, alrededor del 50% de los números telefónicos registrados en la Base Nacional muestran que el presunto extorsionador se identificó ante la víctima como un miembro del crimen organizado, un familiar, intimidador, secuestrador o empleado de una institución bancaria.
Ante esta situación, el titular del Centro Nacional de Información señaló que trabajan en un estudio sobre los patrones espaciales y temporales, así como los modus operandi en los que ocurre la extorsión.
Dijo que los datos recabados en las más de 150 mil denuncias recibidas en el 089, se incorporarán al Sistema Multi-fuente para la estimación de la incidencia delictiva, que se presentó hace unas semanas.
Además, Pérez Esparza afirmó que buscarán establecer convenios para el intercambio de información con los proveedores de servicios telefónicos, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Así como campañas de comunicación para hacerle saber a los ciudadanos que ya es seguro denunciar a los números de extorsión o fraude, al 089.
Aumentan llamadas falsas
En mayo, Karina Mungarro recibió varias llamadas telefónicas del 5557281900, número del centro de atención a clientes de Scotiabank. Una supuesta empleada del banco le preguntó si reconocía una compra en Amazon con una tarjeta cuyos números coincidían con su plástico.
Con el pretexto de que el sistema del banco estaba fallando, la supuesta empleada de Scotiabank logró que la clienta proporcionara su información personal.
Una vez obtenidos los datos, realizó 23 transferencias y le vació sus ahorros.
La usuaria afectada explicó que, después de hacer el reclamo correspondiente al banco, Scotiabank la declaró improcedente, ya que la usuaria “compartió sus datos personales”.
“No fue posible la recuperación. La investigación determinó que el fraude se derivó por compromiso de información a través de llamada telefónica por parte del cliente.
“Por lo que es importante mencionar que la guarda custodia del usuario, datos personales, contraseñas y/o dispositivos e-llave son responsabilidad del cliente”, dijo la respuesta de Scotiabank.
La contingencia sanitaria impidió que la usuaria pudiera realizar rápidamente la queja en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).
Después de hacerlo, sólo está a la espera de una constancia y analiza emprender medidas legales.
