El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump quiere que los migrantes sigan pagando las consecuencias de su estancia irregular en Estados Unidos (EE.UU.) incluso después de haber sido deportados. Su política migratoria ahora incluye buscarlos en los países donde están rehaciendo sus vidas para reclamarles multas que dejaron pendientes.
Contrató a cuatro empresas
Con ese propósito contrató a cuatro empresas privadas que operarán en México, Guatemala y Honduras, con un presupuesto máximo de 36 millones de dólares. Sin embargo, EE.UU. mantiene sin explicar cómo pretende obligarlos a pagar en territorios donde la autoridad y las leyes estadounidenses no aplican.
Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group obtuvieron contratos por hasta nueve millones de dólares (mdd) cada uno. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. encargó la operación, cuyas adjudicaciones fueron reportadas en agosto.
Los contratos obligan a las empresas a respetar las leyes del país donde reside el deudor y les prohíben representar judicialmente a territorio estadounidense. El expediente identifica a 66 mil 387 personas expulsadas con multas o sanciones pendientes y menciona un monto estimado de 423 mdd en cargos administrados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La búsqueda también incluye a quienes abandonaron el país mediante salida voluntaria.
“Es una operación de migración en el exterior”, cuya legalidad, al implicar a otros países, habría que revisar, explica la abogada de inmigración Ana González, “pero la falta de precisión impide medir cuánto afectará cada país y cuántas personas podrían recibir una reclamación estadounidense después de la deportación”.
Devoluciones de impuestos
Según los requisitos legales de cada caso, las autoridades pueden acudir a tribunales o retener determinados pagos del gobierno, como devoluciones de impuestos. Esas facultades no se aplican automáticamente a una cuenta en México, Guatemala u Honduras.
El sistema previsto exige una cuenta estadounidense y, cuando las compañías preguntaron qué alternativa habría, la autoridad reconoció que no tenía otra.
