La iniciativa para regular la subcontratación en México no afecta a las empresas que están en regla, asegura Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, firma global dedicada a la administración de recursos humanos.
El plan va sobre las organizaciones y personas físicas que se aprovechan de ese esquema para explotar a los trabajadores y evadir impuestos, comentó.
El outsourcing ha ganado terreno y se constituye como un tema polémico del mercado laboral por las irregularidades que presenta.
En 10 años el número de trabajadores que laboran bajo esa figura prácticamente se duplicó, al pasar de 3.7 millones en 2009 a poco más de 6 millones en 2018, lo que representa 17.1% de la población ocupada en el país, de acuerdo con datos de censos económicos.
Sin embargo, hay quienes calculan que este monto puede ser superior, debido a que gran parte se encuentra laborando bajo esquemas fuera de la ley.
El especialista explicó que las utilidades de las compañías formalmente constituidas van hacia 4%: “Las empresas informales que dejan de pagar las cargas sociales simplemente de eso se llevan más de 35%, entonces es un negocio enorme dejar de pagar impuestos en este país.
“La subcontratación informal es un negocio millonario, sus ganancias ilegales están de por medio y por eso estos negocios fraudulentos andan moviendo el agua al decir que la iniciativa va contra todo el outsourcing, pero la propuesta legal va contra el que elude al fisco y a los derechos laborales”.
¿Qué dice la iniciativa?
La iniciativa de ley establece que quedaría prohibido simular la facturación de los servicios de tercerización de otra forma, por lo que va a haber una persecución contra los evasores que falsean sus ingresos, reportando otras actividades que no corresponden a su realidad, por ejemplo, “diciendo que venden árboles sin precisar que el costo incluye la mano de obra”.
