Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) recibieron propuestas de la Asociación de Bancos de México para modificar la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Las observaciones se centran en los incrementos de las rentas, el registro digital de contratos, las garantías exigidas a los inquilinos y las facultades de las nuevas instancias administrativas previstas en la iniciativa.
“Está en juego el patrimonio de las personas y familias de clase media que decidieron invertir sus ahorros y asumir una deuda de largo plazo para adquirir una vivienda, rentarla mientras pagan la hipoteca y convertirla, con los años, en un activo para su retiro, para complementar sus ingresos o para heredarlo a sus hijos. Si las nuevas reglas reducen o generan incertidumbre sobre los flujos esperados de esa inversión, mientras la obligación hipotecaria permanece sin cambio, algunos propietarios podrían enfrentar una mayor presión sobre sus finanzas familiares”, señalan las observaciones de los banqueros.
Reforma
Al respecto, la panista Olivia Garza expuso que una reforma de esta magnitud necesita escuchar a todos los sectores involucrados. “Debemos proteger el derecho a la vivienda, pero también generar condiciones que permitan mantener y ampliar la oferta de inmuebles en renta en la Ciudad de México, aunque sea en el mismo Gobierno el principal responsable obligado de garantizar el ejercicio de este derecho”.
Entre las principales observaciones de los banqueros, destaca mantener el límite inflacionario durante la relación contractual, pero permitir que propietarios e inquilinos acuerden libremente un nuevo precio cuando termine un contrato y se celebre otro con una persona distinta.
Inscripción de contratos
También se propone que la inscripción de contratos en el Registro Digital tenga fines estadísticos, sin condicionar su validez jurídica; flexibilizar las garantías y gastos de intermediación, así como delimitar las facultades de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias y del Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos.
“Tenemos que revisar con seriedad los efectos económicos y jurídicos de esta iniciativa. Es necesario evaluar cómo impactarán las nuevas disposiciones en propietarios, inquilinos, el financiamiento y la disponibilidad de vivienda”, expresó Garza.
Finalmente, la legisladora informó que las observaciones recibidas serán entregadas a las comisiones dictaminadoras para que sean consideradas durante el análisis de la iniciativa.
