Ahora que una representación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se halla en Chiapas, es momento más que propicio para exponer hechos concretos, para recordar que de acuerdo con los postulados de los mismos organismos de esa instancia internacional, la educación es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva para el desarrollo de las personas y las sociedades. Porque se toma en cuenta lo anterior, lograr la enseñanza primaria universal es el segundo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Frente a esta aspiración se levanta el muro de las realidades que indican que 57 millones de niños y niñas en todo el mundo no van a la escuela y otros tantos reciben una educación discontinua o deficiente. Discontinua o deficiente.
En la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos básicos de los niños y las niñas, se hallan cuatro principios fundamentales de la Convención, a saber, no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y de desarrollo y la participación infantil.
Aprobada por las Naciones Unidas, es el instrumento internacional de mayor aceptación en todo el mundo, e implica aceptar que los niños y niñas son sujetos plenos de derechos y que los Estados, los gremios y la sociedad deben cambiar su forma de ver y actuar frente a la infancia.
Ha tenido una amplia aceptación pues su objetivo es lograr el respeto universal de los derechos humanos. Al ratificar la Convención los gobiernos se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado su responsabilidad ante la comunidad mundial por el cumplimiento de este compromiso.
Los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación que contribuya al desarrollo de todas sus potencialidades, a crecer en un entorno que garantice su supervivencia y desarrollo, es decir, tienen el derecho intrínseco a la vida, a un nombre, a una nacionalidad, a vivir con sus padres, a disfrutar de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, a disfrutar del más alto nivel posible de salud, a disfrutar del derecho al esparcimiento y el juego.
El principio de igualdad ante la ley y de no-discriminación está consagrado en toda la legislación internacional sobre derechos humanos, y se contraviene si en acción concertada, un grupo determinado priva del derecho a la educación a millones de niños.
De acuerdo con la legislación internacional sobre derechos humanos en relación a la educación y la no-discriminación, y de acuerdo con la legislación nacional, hay obligaciones que se deben cumplir y derechos que se deben respetar.
Por ejemplo, en Oaxaca, gracias a los paros magisteriales, las y los alumnos pierden en promedio 70 días de clases cada ciclo escolar. Entre las tasas más altas de analfabetismo del país está la de ese estado, con niveles superiores al 16 por ciento y en algunos municipios superiores al 34.2.
Ante el nuevo amago de paro laboral del magisterio federalizado dependiente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se han levantado algunas voces en Chiapas para hacer un llamado a la cordura y, remarcadamente, para invitar a reconocer los derechos de la niñez, al tiempo de advertir que la suspensión de clases provoca un daño irreversible, es decir, irremediable.
Chiapas, la sociedad, la población en general, los padres de familia, todos, se encuentran a la expectativa, ante lo que determine ese grupo de personas que dicen ser trabajadores de la educación.
