El titular de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), Óscar Montes de Oca, fue citado para comparecer, en calidad de imputado, dentro de un procedimiento ligado a la denuncia que la periodista Fabiola Cortés Miranda presentó en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la libertad de expresión.
El dato fue aportado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) el pasado 1 de marzo, durante una audiencia correspondiente a la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-QR/0000846/2021, señalando que un día antes se había girado el respectivo citatorio a Montes de Oca Rosales, en calidad de imputado, informó la propia comunicadora.
Mediante un video difundido en sus redes sociales, Cortés Miranda detalló que el 22 de febrero de 2021 presentó una denuncia en contra del funcionario público, pero también contra personas, ante la Feadle.
En la querella expuso que, a partir de sus publicaciones sobre el despojo en agravio de un hombre de la tercera edad de origen maya, “se orquestó en Quintana Roo una campaña con la intención de intimidar y acallar mi labor periodística”, narrativa impulsada a través del propio fiscal.
La también activista citó que el 15 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021, durante sus comparecencias ante el Congreso, Montes de Oca Rosales difundió información falsa sobre sus actividades como abogada litigante e incluso desde la tribuna legislativa le acusó de cometer delitos como tráfico de influencias y despojo.
La narrativa criminalizante en agravio de Cortés Miranda fue replicada por múltiples medios de comunicación, a los que identifica como “afines al Gobierno del Estado, y por la página de internet Regio News, creada exprofeso para difundir la información a través de videos dispersados como publicidad pagada para alcanzar un millón de personas”.
Cortés Miranda consideró que este podría ser un caso emblemático, en materia de violaciones a la libertad de expresión, toda vez que se trata de una campaña mediática y en redes sociales que, asume, se orquestó desde la FGE, lo que incluye el acoso judicial a través de denuncias falsas contra una periodista.