La operación de compraventa de 13 plantas de Iberdrola, en la que participó el gobierno mexicano, envía una “señal negativa” a los inversionistas que quieran llegar al país, opinó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente (Andrés Manuel López Obrador) a Iberdrola (sin ninguna prueba objetiva). Ello, en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización o nearshoring”, señaló.
Para los especialistas del CEESP, con esta operación “la preferencia revelada del gobierno es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral”.
Además, al parecer los seis mil millones de dólares provendrán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y aún se desconoce si la compra implica mayor deuda pública.
