Hace dos años que en Culiacán el Cártel de Sinaloa doblegó a las Fuerzas Armadas, para liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán. “El Culiacanazo”, como es conocido el 17 de octubre de 2019, supuso un cambio en la percepción de inseguridad de la ciudadanía y, según las fuentes consultadas, un episodio que mostró que el verdadero control de este territorio le pertenece al grupo criminal.
“A partir de ese momento los grupos delincuenciales crecieron y se perdió el Estado de derecho”, valora Ernesto Martínez, un reportero que cubre seguridad para una radiodifusora local y que transmitió en vivo el enfrentamiento. Pero ni este fracaso ni que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera que decidir entre liberar a uno de los criminales más perseguidos del país o atestiguar el posible asesinato de más de 200 personas, ha frenado la política de militarización del Estado, de su capital y, en general, del país.
Antes del “Culiacanazo”, Sinaloa era un lugar donde las autoridades estatales y federales llevaban años forjando una profunda militarización. La muestra más simbólica sucedió el 28 de noviembre de 2018: 3 mil 79 militares, 15 aeronaves, 74 perros policía y más de 70 vehículos de combate desfilaron por las calles de Culiacán. Después del “Culiacanazo”, el poder del Ejército ha aumentado. A su presencia en la seguridad pública, desde patrullajes a cargos en el gobierno, sus miembros se han sumado a otras tareas como el control de puertos o la concesión de obra pública.
Sinaloa, conocido como el estado que vio nacer el narcotráfico a gran escala en México, es hoy el ejemplo de un país cada vez más militarizado, sin importar los resultados. Desde el comienzo de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, a finales del 2006, los homicidios se han triplicado a nivel nacional, según datos oficiales y, al mismo tiempo, 127 funciones y cerca de 85 mil millones de pesos en presupuestos -más bienes inmuebles- han pasado del poder civil al control militar, según el Inventario Nacional de lo Militarizado; una radiografía de los procesos de militarización en México, documento apoyado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Actualmente, las actividades que involucran el despliegue extendido del Ejército abarcan la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; e, incluso, la participación de los titulares del Ejército y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología”, se lee en el inventario.
Las Fuerzas Armadas, además, cuentan con una Guardia Nacional que eliminó a la Policía Federal y que permanece militarizada en sus elementos y sus mandos, a pesar que López Obrador prometió su carácter civil. El presidente también les ha encargado a los soldados la construcción y administración de tres tramos del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” de Santa Lucía, además de ponerlos al frente de los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Tulum.
Si bien la militarización masiva comenzó con el expresidente Calderón (PAN) y continuó con Enrique Peña Nieto (PRI), el proceso de militarización -el traslado de actividades y recursos económicos de civiles a militares- se ha agudizado con el actual Gobierno Federal.
El Ejército está cada vez más presente en la vida de los mexicanos, pero no ha dejado de serlo en algo fundamental: la opacidad con la que opera un cuerpo de seguridad nacional. Por ejemplo, no acata las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Los militares están entrenados para eliminar a un enemigo”, dice Catalina Pérez Correa, coautora del Inventario Nacional de lo Militarizado, sobre las violaciones a los derechos humanos derivadas de la intervención de militares en funciones civiles. “El poder del Ejército es tal que es muy difícil decir que hay una subordinación de lo militar al poder civil”, advierte la académica. El poder castrense ha sobrepasado a partidos e ideologías políticas, para ser una política transexenal.
