El viernes desde la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la reforma electoral “no queremos tranzar, queremos transformar, si no, esto no cambia”, y garantizó que el llamado Plan B no limita los derechos ciudadanos y por el contrario fortalece la democracia.
El mandatario federal enfatizó que las reformas en materia electoral eliminan a la “burocracia dorada” de los organismos electorales que goza de varios “privilegios” e inclusive mantiene como enigma el presupuesto que existe en los fideicomisos que hay en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las impugnaciones contra las reformas “son un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo”.
Posteriormente López Obrador señaló que la reforma “es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias, en favor de la democracia”.
Mencionó que quienes hoy “hipócritamente” se oponen al llamado Plan B no dijeron nada cuando los regímenes neoliberales aprobaron reformas en perjuicio de la ciudadanía, ni se opusieron al fraude electoral de 2006.
En alusión a uno de los argumentos expresaros por los opositores en el sentido de que se despedirá al 85 % de los trabajadores de los organismos electorales, el mandatario señaló: “No es un asunto laboral, ojalá los trabajadores mexicanos, la mayoría del pueblo de México, tuviese esas prestaciones.
“Es que además de esas prestaciones ordinarias, esa burocracia dorada cuenta cuando menos con tres privilegios, entre otros”.
Estos son sueldos y viáticos superiores a lo que gana el presidente, “que es violatorio a la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, pero como se ampararon contra la ley de austeridad, mantienen esos sueldos, esos viáticos. Ese es un privilegio adicional”.
El segundo es el servicio médico privado con el que cuentan; y el tercero los finiquitos que obtendrán los consejeros que terminan sus periodos, como el consejero presidente Lorenzo Córdova o el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, cuya cartera desaparece con la reforma electoral.
