La Fiscalía General de la República (FGR) sigue sufriendo tropiezos judiciales contra los militares que acusa de estar implicados en el caso Ayotzinapa, que este año cumple una década.
En enero pasado, la jueza cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, otorgó un amparo al general retirado, Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, que dejó sin efecto la prisión preventiva oficiosa que se le dictó en su contra en julio de 2023 por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
Y ordenó a la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, emitir otra resolución con plenitud de jurisdicción, en la que puede reiterar las medidas cautelares decretadas en audiencia del 20 de agosto del año pasado o decretar una o varias diferentes, con la limitante de que las mismas no pueden ser más graves para el quejoso.
Sin embargo, desde agosto del año pasado, lleva su proceso fuera de la prisión del Campo Militar 1-A, toda vez que la jueza Duarte Cedillo le cambió la prisión y le impuso las medidas cautelares consistentes en la presentación quincenal para la firma del libro de procesados, el pago de una garantía de 50 mil pesos, la prohibición de salir del país.