La incorporación nuevamente de camiones de carga para realizar desde el 1 de enero, bloqueos carreteros en diferentes partes del país, ahora con motivo de las manifestaciones de protesta por el alza en los precios de los combustibles –“gasolinazo”-, ha provocado una reacción inmediata de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que el día 5, advirtiera que cancelaría las concesiones otorgadas a sus propietarios.
En un acto sin precedente, el lunes 9, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, anunciaría la decisión de revocar los primeros 12 permisos a la Asociación de Transportistas de Manzanillo; Transporte Nuevo Mundo S.A. de C. V., así como a los permisionarios José María Gallardo, Grisel Lleaname y Marisela Rodríguez Zermeño.
Fase inicial de sanciones en el estado de Colima, en base a las actas correspondientes y las denuncias penales llevadas a cabo desde el viernes 6, por la dependencia federal, bajo la acusación de haber violado la Ley Federal de Vías Generales de Comunicación.
Una acción legal del Gobierno de la República, que continúa mediante la identificación de unidades y empresas que han participado en la obstrucción de carreteras, mientras el secretario de Comunicaciones y Transportes informa, que en la ciudad de México continúan las mesas de diálogo con los transportistas, para analizar la problemática de los incrementos.
Sustento, precisa la SCT, en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establece que “los servicios federales de autotransporte de carga y de pasajeros son un servicio público, de importancia primordial para la adecuada marcha de la economía del país y la vida de sus ciudadanos, “por lo que resulta de interés público la continuidad de su prestación”.
Una referencia importante para Chiapas, donde desde siempre los concesionarios de taxis y colectivos –combis”—, han impuesto su ley a los gobiernos estatal en turno –sólo el Jefe del Ejecutivo otorga los permisos-, en perjuicio de los usuarios, dada su condición de factor fundamental en los desplazamientos de la clientela electoral, para los procesos municipales, federales y estatal.
Demostración de su fuerza, ahora para exigir a la autoridad un incremento sustancial en sus tarifas, con motivo del “gasolinazo”, al realizar un paro-bloqueo de varias horas, este miércoles 11 de enero en Tuxtla Gutiérrez, que trastornaría la vida cotidiana de sus habitantes.
No hay duda, de que a todos los habitantes de la entidad y del país, afectan de manera directa e indirecta las alzas a los combustibles, pero deberán entender los concesionarios del transporte público, que no será afectando a terceros como lograrán sus propósitos personales o de grupo, sino sentándose a dialogar con la parte oficial para llegar a acuerdos que beneficien a todos.
De persistir la actitud, el Gobierno de Manuel Velasco Coello, estará en la obligación de aplicar la ley, como ya lo hace el Gobierno Federal, y empezar a cancelar concesiones a quienes transgreden el marco jurídico en la entidad, donde en muchas partes se aplica un aumento a las tarifas por cuenta propia, ante la impotencia de los usuarios.
Cero tolerancia a quienes desde siempre han abusado de su condición de aliado incondicional de la clase política y gobernante, al tomar las calles y avenidas de todas las ciudades, como suyas al desplazarse como si estuviesen drogados, por lo que bueno sería también la práctica de exámenes antidoping permanentes a los choferes.
Oportunidad también, para investigar a fondo a quienes detentan flotillas de taxis y de combis, además de verificar si están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, en los actuales momentos de recortes federales, en que aquí se requiere con mayor razón su estricto cumplimiento.
El gobernador Manuel Velasco Coello, tiene la decisión en sus manos, como máxima autoridad de los chiapanecos.
