La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguió con preocupación por los distintos hechos violentos contra personas candidatas, acaecidos en el contexto electoral, por lo que se encuentra monitoreando las medidas adoptadas para su prevención.
Desde el año pasado, la CIDH observó la serie de hechos de violencia, entre los que destacan asesinatos, amenazas y secuestros, en contra de personas precandidatas, candidatas y dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas.
Asimismo, la CIDH enfatizó que desde marzo de 2024 se registró, por lo menos, el asesinato de 15 personas precandidatas o candidatas. El Estado informó sobre el homicidio de nueve personas aspirantes o que no contaban con registro de candidatura oficial, pero que habían manifestado su deseo de competir en la contienda electoral. En ese contexto, la Comisión tomó nota de información pública que indica que entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de 2024, 33 personas con intenciones de postulación habrían sido asesinadas, y de las cuales 16 eran aspirantes a una candidatura.
El Estado informó a la CIDH que, en la actualidad, la protección que se otorga ante una solicitud para evitar actos de violencia por trabas administrativas, desde el 2 de febrero, operó el protocolo específico para atender solicitudes relacionadas con la seguridad de candidaturas en el marco del proceso electoral 2023-2024.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho de toda persona a votar y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y secreto, que además garantice la libre expresión de la voluntad de las personas electoras. Por lo tanto, la ocurrencia de ataques en contra de líderes y lideresas políticas, en el marco de un proceso electoral, además de las vulneraciones a los derechos a la vida e integridad, también afecta en los derechos electorales de las personas electoras y candidatas.