A la consulta para revocar el mandato al presidente de la República, le faltan dinero y pertinencia, pero le sobran aduladores, oportunistas y temerarios.
La Constitución establece que la revocación de mandato “debe entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo, a partir de la pérdida de confianza”.
Y en eso tienen razón Morena y su gobierno: la gran mayoría de la sociedad mexicana ya perdió la confianza en quienes han acreditado no solo falta de resultados, sino crueldad y falta de escrúpulos sin precedentes: recortan millones de pesos del presupuesto destinados a vacunas, medicamentos, alimentación y educación, pero lanzan un clamor unánime para exigir que se destinen 3 mil 830 millones de pesos de nuestros impuestos, para realizar una consulta, en lugar de asignar recursos paraderechos fundamentales.
Sin embargo, como es costumbre, el gobierno morenista desdeña la responsabilidad y apuesta por los distractores; se victimiza y se enfrenta al árbitro electoral convertido en molino de viento. El INE resguarda la ley y nuestra democracia, mientras es debilitado por los embates y mentiras que recibe desde el poder.
Aristóteles definía la confianza como lo contrario del temor, una esperanza acompañada de fantasía que nos acerca a lo que puede salvarnos y nos mantiene lejos de aquello que nos provoca miedo. Morena lo sabe y lo aplica: destruye todos los días programas e instituciones con las banderas de “primero los pobres” y el combate a la corrupción, enunciados que suenan huecos en el inicio de su cuarto año de gobierno.
Así, el oficialismo busca preservar el poder a toda costa, distrayendo a una sociedad inmersa en niveles de pobreza, desempleo e inseguridad crecientes y para lograrlo, cuenta con la sumisión de una mayoría legislativa en San Lázaro que no se atreve a cambiar una coma a las leyes ni a los presupuestos que le dictan desde Palacio Nacional.
En periodos de receso, el reglamento de la Cámara de Diputados faculta a la Presidencia de la Mesa Directiva para presentar una controversia constitucional sin consultar al pleno si aprueba su procedencia. Preocupa que la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia conceda la suspensión solicitada por la presidencia de la Cámara baja, para que el INE cumpla con los tiempos establecidos en la Ley de Revocación de Mandato, a fin de organizar la tan famosa como costosa consulta.
La crisis económica por la que atraviesa el país, obliga a definir prioridades: ¿pagaremos una consulta o le ponemos dinero a los Centros de Justicia para Mujeres, a la gratuidad de la educación superior que hoy solo es una buena intención sin presupuesto en la Constitución, a los tratamientos para la niñez que padece cáncer o a la capacitación y mejor paga para las policías locales, por mencionar solo algunos rubros que han sido víctimas de la política de austeridad?
Apostemos por la confianza que nos queda en las instituciones diseñadas para defender nuestros derechos y ser un contrapeso a los excesos del poder que los acechan.