Aunque por ahora todos los reflectores están puestos en las elecciones, en el Senado existe una ley cuya aprobación podría afectar a unos 126 millones de usuarios de líneas telefónicas celulares.
Se menciona que los senadores decidieron meterle el acelerador y votar en el Pleno el polémico proyecto de reforma que obligaría a los usuarios de la telefonía móvil a entregar sus datos biométricos a las compañías de telecomunicaciones.
Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, esta reforma a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión expertos han advertido del riesgo para la seguridad de la información sensible de las personas, que podría ser usada de manera irregular e incluso caer en manos de la delincuencia.
Los expertos aseguran que de aprobarse esta reforma sería previsible que viniera una lluvia de amparos de personas para no entregar su información biométrica (huellas dactilares, rasgos del rostro, registro del iris, registro de voz, entre otros) a las operadoras telefónicas.
Los argumentos de los especialistas se basan en la falta de candados que garanticen que esa información personal se mantenga en secrecía y no se utilice para cometer delitos.
La reforma contempla que la información sea recabada por las compañías telefónicas y que sea resguardada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Sin embargo, los expertos aseguran que, aunque la intención de que estos datos puedan ser utilizados por las autoridades para combatir a la delincuencia podría ser legítima, el problema tiene que ver con la falta de garantías que garanticen la seguridad y el manejo correcto de esta información altamente sensible.
Aseguran que valdría la pena recordar que, en 2009, durante el sexenio del panista Felipe Calderón, se creó un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, con el fin de combatir la extorsión y el secuestro. La ineficacia en el objetivo y la filtración de datos de ese registro generaron su desaparición en el mismo sexenio.
Ahora los senadores deberán de decidir si otorga esa facultad al nuevo gobierno.
¿Usted confía en que sus datos serán manejados con responsabilidad? ¿Entregaría sus datos biométricos a una compañía telefónica?