La Audiencia Nacional de España rechazó que el empresario mexicano Alonso Ancira pueda ser considerado un perseguido político, ya que los hechos que se le imputan se relacionan con delitos comunes de clara corrupción.
El Tribunal español también descartó la prescripción de los presuntos ilícitos alegada por la defensa de Ancira al considerar que tanto la FGR, como un juzgado mexicano, han entendido que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana, según resalta el auto de la Audiencia Nacional.
Además el Pleno de la Sala de lo Penal desestimó el recurso de súplica presentado por el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA) contra el auto que acordaba su extradición a México por varios delitos de corrupción, y confirmó su entrega a las autoridades mexicanas al considerar que los hechos por los que se le persigue también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.