El Congreso está abierto a modificar lo aprobado en las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción respecto a la obligación de becarios, empresas y beneficiarios de programas sociales a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.
“No estamos, en el Congreso de la Unión, cerrados a corregir lo que hemos aprobado”, dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, sobre el contenido de esa reforma avalada la semana pasada.
En rueda de prensa recordó que el asunto está resuelto técnicamente, en la medida en la que el Comité Coordinador decidirá los formatos y cuáles servidores públicos o personas deben presentar esas declaraciones.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) insistió en que con un argumento visible y técnicamente sustentado que los lleve a la convicción de modificar el artículo 32, “lo haremos con toda responsabilidad”.
Dicho artículo de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos precisa cuáles son los sujetos obligados a presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses.
Ello incluye a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate, bajo cualquier modalidad, con entes públicos de la Federación, las entidades federativas o los municipios.
Gil Zuarth indicó que la iniciativa que presentó la bancada panista en el Senado respecto a la declaración “3de3” de particulares tenía un propósito: incluir a aquellos que utilizan, manejan, administran y/o custodian recursos públicos.
