El Congreso de Baja California Sur aprobó reformas al código penal estatal para reconocer la legítima defensa de mujeres que actúen contra sus agresores en contextos de violencia, cambios conocidos como Ley Alina.
La modificación establece que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando una mujer enfrente agresiones físicas, sexuales o feminicidas, o se encuentre en riesgo inminente, y actúe bajo un estado de miedo o terror derivado de esa situación.
El dictamen que incorporó reformas presentadas por los diputados petistas, Karina Olivas Parras y Fernando Hoyos Aguilar, fue leído en tribuna y contempla que mujeres que lesionen o priven de la vida a su agresor puedan ser eximidas de responsabilidad penal cuando se acredite un entorno de violencia, incluso si el agresor es pareja o familiar.
Además, incorpora la perspectiva de género como criterio para juzgar estos casos, con el objetivo de considerar el contexto de vulnerabilidad y evitar la revictimización.
Las reformas también incluyen agravantes en el delito de feminicidio, particularmente cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables o cuando el agresor sea servidor público. Asimismo, se establece la pérdida de derechos del agresor sobre la víctima, incluidos los sucesorios y los relacionados con hijas e hijos.
La denominada Ley Alina surgió del caso de Alina Narciso, una policía municipal de Tijuana que fue víctima de violencia por parte de su pareja. En 2019, al intentar defenderse de una agresión, utilizó el arma de su agresor y le disparó, provocando su muerte.
Inicialmente fue sentenciada a 45 años de prisión por homicidio; sin embargo, tras permanecer tres años en reclusión, fue absuelta en 2023 al acreditarse que actuó en legítima defensa.
La diputada Olivas Parras recordó que este caso detonó un debate nacional sobre la necesidad de que el sistema de justicia reconozca los contextos de violencia de género en los que actúan mujeres que se defienden, por lo que BCS ahora se suma a las entidades, dijo, que ya han impulsado reformas para reconocer la legítima defensa.
