Seis organismos no gubernamentales que conforman el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio denunciaron que las consultas del pasado 24 y 25 de noviembre impulsada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador violan los derechos de los pueblos indígenas y contravienen tratados internacionales ratificados por México.
Este fin de semana, López Obrador y el partido Morena realizaron una consulta para preguntar si se está de acuerdo o no con la construcción del Tren Maya, el tren interocéanico del Istmo de Tehuantepec y la reforestación de un millón de hectáreas, entre otros programas sociales.
“No está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y por otro, no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tomar sus decisiones”, aseguraron.
Manifestaron estar preocupados de que la consulta sea similar a la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque en estas regiones se encuentran presentes pueblos y comunidades indígenas; por un lado comunidades mayas y por el otro lado comunidades zapotecas.
“Realizar la consulta del modo planteado ocasionará violaciones a sus derechos humanos, y llevará en retroceso los mínimos avances de nuestro país en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.
De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado y ratificado por el gobierno mexicano y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno mexicano está obligado a celebrar consultas hacia los pueblos indígenas, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Además, apuntaron que con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, quedó establecido que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los Convenios y Tratados Internaciones y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, entre otros.
La consulta de este fin de semana, dijeron, no cumple con los procedimientos que se han mencionado anteriormente y es totalmente violatorio a los Derechos Humanos.
