La reforma al artículo 52, fracción segunda, al Código Fiscal de la Federación (CFF) que propone castigar con severas sanciones y hasta cárcel por seis años a los auditores privados que no informen de incumplimientos de los contribuyentes, afectará gravemente el quehacer profesional, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Dichos cambios se plantean en el proyecto de miscelánea fiscal como parte del paquete económico 2022 que comenzará a discutirse esta semana en la Cámara de Diputados.
Se propone una nueva obligación para el contador público auditor para que informe al fisco, a partir del próximo año, cuando un contribuyente o empresa no cumpla las disposiciones fiscales o cuando lleve a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal.
“La omisión de estos casos puede acarrear severas sanciones al auditor, que van desde la suspensión por tres años de su registro de contador público, hasta prisión de tres a seis años”, advirtió el IMCP.
Acusó que con esta reforma, la autoridad hacendaria transfiere a la contaduría pública una responsabilidad del contribuyente, que es el que está obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes.
Consideró que al mismo tiempo se le atribuye al contador de manera errónea, facultades propias de los profesionistas en derecho, cuando no son abogados.
De aprobarse esta iniciativa, alertó que el contador público que funge como auditor perderá la imparcialidad e independencia que se necesita para elaborar un dictamen fiscal.
