Los esfuerzos por crear un sistema de cooperación multilateral para articular una alianza permanente entre los Estados de las Américas que permitiera preservar su independencia frente a potencias externas, resolver los conflictos y controversias y sentar las bases de una confederación política a partir de la igualdad jurídica de los Estados, se remontan a principios del siglo XIX, con Simón Bolívar.
En la Primera Conferencia Internacional Americana con sede en Washington (1889-1890), donde se reunieron 18 países, entre ellos México, se avanzó en el proyecto de un tratado de arbitraje para la solución pacífica de controversias, que planteaba la nulidad y no reconocimiento de las adquisiciones territoriales obtenidas mediante guerras de conquista.
Fue hasta la Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, Uruguay (1933), cuando se logró la consagración jurídica explícita de la no intervención y se adoptó la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, que en su artículo 8 establece que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro y la solución pacífica se reafirma como obligación.
Estos antecedentes apuntalaron la creación de la Organización de los Estados Americanos, y con ello la organización jurídica del sistema interamericano para preservar la paz y la seguridad del continente, sobre la base del derecho internacional y la cooperación entre Estados soberanos siguiendo los principios fundamentales de no intervención en los asuntos internos, prohibición del uso de la fuerza y solución pacífica de las controversias como obligación jurídica permanente.
No se trata de principios abstractos, son principios que tienen en su raíz los acontecimientos que durante el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX permearon la realidad continental.
En la segunda mitad del siglo XX, con Estados Unidos erigido en una potencia hemisférica, el continente enfrentó su intervención para derrocar e imponer gobiernos.
En las últimas semanas se ha asistido en tiempo real a una agresión militar en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y en el homicidio de decenas de personas, acusados de liderar “Cártel de los Soles”, aunque en días posteriores la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reformuló la acusación de narcotráfico y conspiración, señalando que no existía dicho cártel.
Se presenció también, cómo el presidente de Estados Unidos declaraba que asumiría la dirección del país hasta lograr una transición segura, anteponiendo el control del petróleo por sobre el proceso político, tirando por la borda el derecho internacional y el sistema interamericano de respeto entre las naciones creados durante más de un siglo.
Los hechos ocurridos el 3 de enero acercan nuevamente a un escenario que trae a la memoria los momentos más oscuros de la historia de la América, que dejaron una estela de violencia, dolor y desigualdad, nunca de democracia, bienestar ni estabilidad duradera.
Es necesario hacer una profunda reflexión colectiva sobre lo acontecido para encarar esta nueva y lacerante realidad desde una perspectiva humanitaria, haciendo valer el derecho internacional, y la defensa de nuestra integridad y soberanía.
