Por cuarto año consecutivo, México retrocedió en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, según la versión 2023 del reporte emitido por Americas Society/Council of the Americas y Control Risk, que mide la eficacia con la que se enfrenta la corrupción en América Latina.
Según el informe, Guatemala y México son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice por primera vez en 2019, lo cual es particularmente inquietante si tenemos en cuenta que el combate a la corrupción ha sido la principal bandera del presidente López Obrador desde que era candidato.
Lamentablemente, los hallazgos del reporte no son aislados. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, México fue ubicado en el lugar número 137 de 163 países evaluados, sólo por encima de Colombia y Venezuela en el continente americano. Por su parte, el Inegi ha venido reportando consistentemente que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población, por debajo de la inseguridad, y que el contacto con las autoridades de seguridad pública y los trámites ante el Ministerio Público son los dos puntos más focalizados de descomposición. A poco más de un año de la próxima administración, así, la corrupción se ha consolidado como el mayor de nuestros males.
¿Qué hacer? La obviedad indicaría que comenzar —porque no se ha iniciado en serio— por reemplazar la cultura de la corrupción por otra de valores cívicos y apego al estado de derecho, y eso empieza en las familias y las escuelas. ¿Es iluso? Tal vez, pero posible y generoso en resultados.
La educación rinde frutos, sin duda. ¿Cuál sería el México del futuro si desde hoy se fomenta una cultura de valores cívicos y de respeto a la ley? Seguro se vería mejoras significativas en la organización social, particularmente en cuanto a prevención de la corrupción. Es lógico: si la corrupción tiene un principio cultural, el cambio de la causa, modifica el resultado. ¿Será que una perogrullada de tal anchura: el simple y sencillo hecho de educar en civismo y legalidad, estará en los proyectos de quienes aspiran a gobernarnos?
Claro que los resultados no serían rápidos. Como todo proyecto educativo, se requeriría tiempo para cosechar. Por ello, en el ínter deberían fortalecerse las capacidades de detección, investigación y sanción de la corrupción. Castigar con toda firmeza, sin duda. Así, destruir los incentivos de corrupción y cerrar las puertas a la impunidad contribuiría también a la cultura de la legalidad; y si se despoja a los culpables del fruto económico mal habido, todavía mejor.
En todo esto, las autoridades gubernamentales y de procuración y administración de justicia todavía tienen mucho camino por andar. Claramente.
