Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La primera fase incluye reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales se encuentran suspendidas en Coahuila y Estado de México, por determinación de Pérez Dayán.
“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que indica y, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, resolvió el ministro.
A través de la Secretaría Ejecutiva, el INE argumentó que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere la Constitución, ya que “obstaculizan” la función que realiza como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral.
