La Suprema Corte de Justicia invalidó las regulaciones sobre calidad del aire de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo el argumento de que debieron considerar su impacto económico, en un revés para la administración Obama.
Con una decisión dividida 5-4, el máximo tribunal estadounidense que antes había dado una senda victoria a la Ley de Salud Asequible del presidente, determinó enviar el caso a la corte distrital.
“Determinamos que la EPA no interpretó (los estatutos) de manera razonable cuando consideró el costo irrelevante con la decisión de regular las plantas de electricidad”, señaló el fallo del caso “Michigan vs EPA”.
“Revertimos el fallo de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia”, remataron.
Las regulaciones de la EPA fueron impugnadas por empresas eléctricas y por algunos estados del país, como Michigan, los cuales sostuvieron que el costo de cumplimiento era superior a los nueve mil 600 millones de dólares.
Sin embargo la agencia estimó en su momento que las regulaciones derivarían en beneficios de entre 37 mil y 90 mil millones de dólares.
De acuerdo con la administración Obama, las reglas contra la polución eran claves para prevenir la muerte prematura de más de 11 mil personas al año o el surgimiento de más de 130 mil casos de asma.
El fallo contra las regulaciones de la EPA fue apoyado por los magistrados John Roberts, Antonin Scalia, Samuel Alito, Clarence Thomas y Anthony Kennedy. A favor votaron Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer.
Reafirman uso de inyección
En otro tema, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos reafirmó el uso de drogas por parte de los estados en la aplicación de la pena de muerte, al rechazar los argumentos de que ello constituye un castigo “cruel e inusual” para los prisioneros.
La decisión dividida significó un revés para los opositores que confiaban que un fallo favorable podría fortalecer la batalla legal para abolir la pena capital, vigente actualmente en 31 de las 50 entidades de Estados Unidos.
En la opinión mayoritaria de los cinco magistrados que reafirmaron el uso de drogas en la ejecución de los condenados, el magistrado Samuel Alito dijo que los peticionarios fracasaron en establecer méritos en su argumento de que su empleo viola la octava enmienda de la Constitución.
La octava enmienda prohibe al Gobierno federal imponer fianza y penas excesivas o someter a prisioneros a “cruel e inusual castigo, incluyendo tortura”.
El fallo fue en respuesta a la demanda de tres condenados a muerte en Oklahoma, quienes argumentaron que el uso de un sedante llamado midazolam no es efectivo para alcanzar el grado de inconsciencia requerido en una ejecución.
