La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó los efectos del acuerdo publicado por el Ejecutivo federal para blindar la reserva de información relacionada con las obras prioritarias impulsadas por la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un ministro de la Corte concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que, de manera inmediata, deje de surtir efectos el acuerdo, pues dicho organismo alegó que el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para catalogar las obras prioritarias como de interés público o de seguridad nacional, sin cumplir los parámetros establecidos en la ley de la materia.
En su argumentación, el INAI afirmó además que el acuerdo vulnera el derecho a la información.
En el oficio INAI/DGAJ/2637/2021, se argumenta que el catalogar las obras como “de seguridad nacional”, es un acto que más allá de su inconstitucionalidad “provoca indudablemente inseguridad, incertidumbre e impredictibilidad jurídica”.
Las y los comisionados del INAI aclararon que el instituto no pretende que se suspendan las obras o proyectos de infraestructura, sino que, por el contrario, consideran que se trata de asuntos de la mayor relevancia nacional.
Sin embargo, advierten en el documento que, en el ejercicio de sus funciones, el INAI está comprometido con el Estado de derecho y con el debido cumplimiento a las normas que rigen el actuar de cualquier autoridad pública, en cualquier tiempo y materia.
En este sentido, el INAI solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre si el acuerdo impugnado realiza de forma explícita e implícita una clasificación de la información anticipada y con ello vulnera la competencia del INAI; si el acuerdo impugnado se encuentra debidamente motivado en la Constitución; si el esquema de autorizaciones provisionales irrumpe en el derecho de tutela jurisdiccional efectiva; si el acuerdo transgrede las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano y el incumplimiento a las mismas que deriva del esquema de autorizaciones provisionales.
