De no modificarse la tendencia del sobrepeso y la obesidad de niños en México, el costo acumulado podría alcanzar los 42 mil millones de pesos, o el 1.1 % del PIB en las próximas décadas, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El informe “Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia”, que se basa en datos recopilados en más de 190 países, destaca que en el país la prevalencia de obesidad en la infancia y la adolescencia es elevada, y las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados representan 40 % de las calorías diarias ingeridas por niños.
Destaca que para hacer frente a esta situación, el gobierno prohibió recientemente la venta y la distribución de alimentos ultraprocesados y productos con un alto contenido de sal, azúcar y grasas en las escuelas públicas, lo que mejorará el entorno alimentario de más de 34 millones de niños y adolescentes.
Menciona que entre 2020 y 2023, 36.5 % de los escolares y 40.4 % de los adolescentes mexicanos presentaron sobrepeso u obesidad, lo que posiciona al país entre los que registran las mayores prevalencias a nivel global.
Explica que los alimentos ultraprocesados son alimentos y bebidas formulados industrialmente y compuestos principalmente a partir de ingredientes refinados y aditivos, con un contenido de alimentos integrales escaso o nulo.
Recomendaciones
La Unicef convocó los gobiernos a nivel global, la sociedad civil y sus aliados a tomar las siguientes medidas urgentes:
- Implementar políticas integrales y de cumplimiento obligatorio que permitan mejorar los entornos alimentarios de la niñez y que abarquen el etiquetado de los alimentos, restricciones a la comercialización de determinados productos, o impuestos y subvenciones aplicables a los alimentos.
- Desarrollar iniciativas que promuevan cambios sociales y de comportamiento y empoderen a las familias y comunidades a fin de que reclamen entornos alimentarios más saludables.
- Prohibir el suministro o la venta de productos ultraprocesados e impedir la publicidad y el patrocinio de alimentos nocivos en las escuelas.
- Establecer garantías sólidas para blindar los procesos normativos públicos frente a la injerencia de la industria de los alimentos ultraprocesados.
- Reforzar los programas de protección social para eliminar la pobreza económica y mejorar el acceso de las familias en condiciones vulnerables a una alimentación nutritiva.
