El pasado mes de agosto el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), presentó su investigación “El Costo del Agua en México - Análisis de las Tarifas y sus Impactos para la Sociedad”. Este estudio aborda varios temas importantes, como la necesidad de un precio justo para un recurso que tiene un costo que debe tomar en cuenta la inversión, almacenamiento, conducción, mantenimiento, potabilización, tratamiento, descargas, electricidad, salarios y gastos administrativos asociados al servicio del agua. Asimismo, evidencia su falta de criterios claros y transparentes para la asignación de tarifas.
Las tarifas que se cobran a la población no necesariamente reflejan el costo total para un Organismo Operador (OP) de los 2 mil 500 que hay en el país, pues suele haber subsidios, tanto para el agua de uso doméstico o agropecuario, como para la tarifa de la energía eléctrica necesaria para operar.
Finalmente, las tarifas de agua son definidas por el congreso de cada estado sin que quede muy claro el criterio que se usa, pues normalmente la decisión se toma dándole un peso superior al interés político y no a un análisis de todos los costos relacionados. Es ahí donde los OP se encuentran con un gran reto técnico y administrativo: dotar a la población de agua de calidad a precios que, en muchos casos, ni siquiera cubre los costos.
Por lo tanto, los OP buscan estrategias para poder dar un servicio decente a pesar de trabajar en números rojos. Por ejemplo, en el sector agropecuario hay algunos OP que han recurrido a aportaciones voluntarias extraordinarias para poder dar mantenimiento o construir infraestructura necesaria para dotar de agua a sus usuarios.
Por otra parte, hay algunos OP, sobre todo en zonas urbanas, que han tenido que solicitar apoyo del recurso público que brinda la Conagua o las Comisiones Estatales de Agua, pues no tienen la solvencia para hacerlo de otro modo.
Por si fuera poco, en más de un caso, el OP no tiene la capacidad de administrar y mantener la infraestructura que recibe. Sólo hace falta ver las condiciones en las que operan la mayor parte de las plantas de tratamiento de agua de nuestro país.
Después se preguntan por qué se es el país que más consume agua embotellada en el mundo, o por qué la proliferación de los negocios rellenadores de agua que ponen en riesgo la salud al ofrecer agua de la llave como si fuera agua de calidad. Se tiene que mejorar la gestión del agua, involucrarse en todos los aspectos y exigir a las autoridades que pongan reglas claras y recursos en pos de una mejor calidad de agua.
