Los crímenes perpetrados contra los aspirantes a cargos de elección popular o miembros de institutos políticos están lejos de resolverse como producto del débil Estado de Derecho que se tiene en el país, afirmó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Durante la presentación del informe anual de actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), González Pérez enfatizó en que el incumplimiento o aplicación discrecional de la ley ha sido derivado de que las autoridades han sido rebasadas.
“La gravedad y extensión de los problemas que enfrentamos incide en que tengamos un Estado de Derecho débil, donde existe una amplia tolerancia al incumplimiento o aplicación discrecional de la ley generando un contexto donde algunas instituciones de la República y las autoridades han sido rebasadas, sus estrategias anuladas y su capacidad de control disminuida al límite”, afirmó.
Durante la sesión solemne realizada por el Máximo Tribunal, el ombudsman nacional afirmó que la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han extendido ”como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional”.
Agregó que durante 2017 la CNDH detectó 34 reformas legislativas, principalmente de nivel local, que vulneraban derechos humanos y que fueron impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad de las cuales 25 están en trámite y 9 ya fueron resueltas.
De acuerdo con el titular de la CNDH, las leyes impugnadas violentaban principalmente el derecho a la identidad de las personas; establecían regulaciones indebidas en los delitos de desaparición forzada; tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la libertad de expresión; los límites de la prisión preventiva oficiosa; los derechos de las personas con discapacidad, entre otros.
