La Ley de Ciudades Rurales Sustentables para el estado de Chiapas, publicada en enero de 2009, en su Artículo 2° dice que las Ciudades Rurales Sustentables constituyen una estrategia de política pública, que busca “promover el desarrollo regional”, combatir el binomio dispersión-marginación, con la “más amplia participación ciudadana y la colaboración de la sociedad civil organizada”; proporcionar servicios de calidad y “oportunidades de desarrollo económico y social a la población”. No obstante, estos dos aspectos, principalmente, fueron los que fallaron en ese plan.
Ahora este experimento financiero, político y supuestamente social no tiene mayor referencia y plantea una serie de cuestionamientos tras los resultados.
Ciudades Rurales de Chiapas, un proyecto que contemplaba la construcción de ocho complejos, fue controversial desde su inicio. Pretendía concentrar más de 300 comunidades de seis municipios con una población de casi 30 mil habitantes en el número ya citado de nuevos desarrollos habitacionales.
El plan, ahora a cargo del Instituto de Población y Ciudades Rurales, proyectaba además la edificación durante tres años posteriores al término del pasado Gobierno estatal, de dos Ciudades Rurales Sustentables más en Ixhuatán y Ángel Albino Corzo y 79 Villas Rurales Sustentables en 29 municipios, con lo que pretendía traslapar a la siguiente administración.
El Gobierno anterior, que creó e impulsó este plan, apenas pudo concluir y entregar dos Ciudades Rurales, Nuevo Juan de Grijalva y Santiago el Pinar, las cuales han sido objeto de escrutinio por parte de diversos actores y organismos, públicos y privados que tienen diversos y confrontados diagnósticos a partir del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos originales: combatir dispersión y pobreza, principalmente, además, acercar servicios. Ambas a la fecha casi abandonadas.
En su oportunidad se hicieron llamados en diversos medios de comunicación, por parte de instituciones que recomendaban por lo menos una pausa frente al empeño constructor financiado con dinero prestado. Se indicaba la urgencia, si no de suspender el proyecto, por lo menos aplazarlo para tener tiempo de analizar su viabilidad, sus cada vez más evidentes debilidades y corregir defectos.
En su momento se convocó al plan Ciudades Rurales, con la experiencia de Juan de Grijalva inaugurada el 18 de septiembre de 2009, a la prudencia, a hacer un alto y replantear la conveniencia de mantener aún como proyecto la edificación de 25 centros más, según se decía intencionadamente, en otros estados. Pero no se atendieron los llamados a la cordura, para evaluarlo a la luz de la realidad. Se subrayaba la necesidad de analizar para determinar la pertinencia de seguir invirtiendo en ese experimento capital que Chiapas no tenía.
Ciudaades Rurales es una inversión de escasa utilidad. Reencauzarla no será fácil, pues como se dijo hace años, el Gobierno estatal anterior a través del Congreso local ató a la administración actual a un proyecto que incluso ya en Juan de Grijalva y en Santiago Pinar, las primeras ciudades, sus mismos beneficiarios estaban abandonando por no estar bien anclado.
La idea, el plan, sus propósitos, no son negativos, pero aquí no se planeó, y tampoco se dio a sus habitantes una posibilidad para arraigarse.
