En México, una ley no está por encima de la Constitución. Si una norma o decisión de autoridad vulnera derechos, el sistema judicial cuenta con herramientas para revisarla.
Esa revisión se conoce como control constitucional y puede ejercerse por distintas vías: unas corresponden a tribunales federales y otras pueden aplicarlas jueces que resuelven casos cotidianos.
La reforma al artículo 1.º constitucional del 2011 y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el expediente Varios 912/2010, marcaron un cambio.
Las autoridades deben respetar los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Los jueces deben interpretar las normas buscando siempre la protección más amplia, conforme al principio pro persona.
El control concentrado es una de las vías. Recibe este nombre porque centraliza en el Poder Judicial de la Federación la facultad de juzgar la constitucionalidad de normas y actos de autoridad.
Este modelo abarca las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y, para ciertos autores, el juicio de amparo. Un ejemplo claro es la acción de inconstitucionalidad, la cual permite a la SCJN expulsar una norma del sistema con efectos generales.
La otra vía es el control difuso. En este modelo, un juez que atiende un juicio -por ejemplo, en materia familiar, penal, laboral o civil- puede revisar si la norma que debe aplicar es compatible con la Constitución y los tratados de derechos humanos, en este caso la disputa no necesita comenzar como un proceso constitucional, ya que la cuestión puede surgir dentro del caso ordinario y ser relevante para resolverlo. Este deber alcanza a jueces federales y locales, cada cual dentro de sus atribuciones.
Si el juez encuentra un conflicto, primero debe buscar una interpretación de la norma compatible con los derechos. Si eso no es posible, puede dejar de aplicarla en ese caso concreto.
La ley no desaparece por esa decisión ni queda automáticamente anulada para todo el país, por regla general, el efecto se limita al juicio y a sus partes y para obtener una decisión de alcance general existen procedimientos específicos, como algunas acciones de inconstitucionalidad.
Piense en una persona que impugna una decisión de autoridad porque considera que afecta su igualdad, su libertad o el acceso a un derecho, el juez debe analizar qué dice la norma y si aplicarla en esas circunstancias respeta la Constitución.
Si detecta una incompatibilidad que no puede resolverse mediante una interpretación adecuada, puede evitar que esa norma determine el resultado del litigio.
Así, México combina el control concentrado con el difuso. El primero permite que tribunales federales resuelvan ciertos procedimientos constitucionales; el segundo acerca la revisión de derechos a los juicios comunes.
El propósito es que la Constitución no sea solo una declaración solemne, sino una regla que pueda hacerse valer cuando una autoridad decide sobre la vida, la libertad o los derechos de las personas.
