Organizaciones lamentaron la respuesta del Estado mexicano durante la comparecencia con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), marcada por evasiones a cuestionamientos, datos parciales y narrativas “triunfalistas”, mientras las violencias contra las mujeres persisten y se agravan en el país.
Durante la audiencia la delegación mexicana evitó responder preguntas clave del Comité, entre ellas el cumplimiento de los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan temas como salud, trabajo, educación, justicia y condiciones jurídicas en el ámbito familiar.
“La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, se limitó a resaltar la narrativa oficial del ‘Tiempo de Mujeres’ sin aportar datos concretos que acrediten los supuestos avances”, acusa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
El 17 y 18 de junio pasado, el Comité expresó su profunda preocupación ante la incapacidad del Estado para presentar evidencia verificable de avances reales en materia de justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación hacia las mujeres.
En Ginebra, el Estado afirmó que los feminicidios han disminuido, sin embargo, las cifras oficiales refieren que en los últimos seis años no se ha logrado una disminución efectiva. En promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres en México. De estos crímenes, solo el 25 % se investigan como feminicidio y en estados como Guerrero o Guanajuato esta cifra es menor al 10 %.
El Comité también señaló la falta de datos estadísticos claros y actualizados, lo que impide evaluar si las políticas públicas realmente han beneficiado a las mexicanas.
También lamentó el debilitamiento de instituciones clave como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de la militarización que vulnera a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes.
