Ante las duras críticas que persisten como consecuencia de los hechos suscitados en Culiacán, Sinaloa, que derivaron en un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la polémica continúa y seguramente será motivo de una discusión álgida en la Cámara de Diputados donde Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, habrá de comparecer próximamente.
Está claro que al ser él quien encabeza tan delicada tarea al frente de esa Secretaría, es el asignado natural para recibir todo tipo de embate u orquestación política que se ha generado y seguirá generándose como consecuencia de los hechos ya mencionados. Alfonso Durazo ha recibido la mayor embestida por parte de la opinión pública y de los grupos y partidos opositores al gobierno de la 4T.
Es innegable que este hecho es el más representativo que en sentido negativo se haya presentado hasta ahora en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, dista mucho de que la responsabilidad directa recaiga en el secretario o en el propio presidente.
Tal vez nunca sabremos quién fue el responsable directo de llevar a cabo un operativo de esa magnitud. La pregunta versa sobre qué mando supuestamente contaba con los créditos, el conocimiento y la experiencia necesaria para que, en el campo de la acción, realizara de manera exitosa un operativo de tal envergadura.
Es claro que cada uno de los servidores públicos que conforman el aparato de gobierno federal cuenta con responsabilidad en su ámbito de actuación. De lo que se puede acusar a Alfonso Durazo es de haber autorizado la captura de tan temido delincuente, pero evidentemente no pesa sobre él la responsabilidad de su ejecución.
Basta recordar que la experiencia se basa en el cúmulo de acciones inherentes o relativas a la función que se ejerce. A lo largo de 18 años, el combate a la delincuencia organizada ha logrado contar con perfiles de reconocimiento operativo, ya sean de la Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la extinta Policía Federal que, hoy, se integran a la Guardia Nacional.
Es claro que en el campo de acción efectivo no intervino Alfonso Durazo y, sin embargo, es a él a quien le ha tocado la difícil tarea de dar la cara para responder por la institución que representa.
Nuevos datos revelan que desde hace más de cinco meses se planeó y preparó dicho operativo que, por su incorrecta operación, derivó en las terribles y violentas imágenes que pudimos observar, relativas a los hechos que se presentaron en esa zona del país.
Entonces, si fue planeado con los protocolos debidos, si se utilizaron todos los instrumentos técnicos y logísticos para buscar el éxito de esta operación, quien falló efectivamente fue el responsable de la ejecución y del desarrollo de la misma, quien haya sido.
Durazo asumió y tomó la decisión de evitar una masacre mayor, ya que esa decisión sí estaba de forma directa en el ámbito de su responsabilidad. La decisión de Alfonso Durazo solo se puede traducir en dos efectos perfectamente claros: autorizó la captura de un peligroso delincuente y decidió evitar un baño de sangre mayor al que ya se había presentado.
Seguramente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de forma institucional seguirá siendo quien reciba los mayores embates, al tiempo sabremos si esos embates son justos o no.