La reforma aprobada en comisiones del Senado que hará obligatoria la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía, huellas dactilares y firma, no contempla la asignación de un presupuesto etiquetado para su instrumentación, ya que se establece que las erogaciones se realizan con cargo a los recursos con los que cuentan las dependencias involucradas.
En medio de acusaciones de que la nueva CURP sea utilizada con fines electoreros por parte del gobierno de la 4T y por Morena, esto al tener control de datos esenciales de millones de ciudadanos y la advertencia de senadores del PAN y PRD que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertirla, en el dictamen —que se prevé aprobar en el pleno en los próximos días— no se contempla ni un peso adicional para su operación, tampoco en el presupuesto federal de 2023, ni en los subsecuentes.
En el artículo quinto transitorio se establece que “las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto correspondientes, y en caso de que se realice alguna modificación a la estructura orgánica de los mismos, ésta deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.
“Por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del presente Decreto”, se subraya en el dictamen avalado por Morena y sus aliados.
Antares Vázquez, senadora por Morena, dijo en rueda de prensa que “es pura politiquería de la oposición, porque no tiene nada que ver con lo electoral; es decir, una persona con su CURP no podrá ir a votar nada”.
