Para mayor coordinación interinstitucional en la prevención antilavado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR) tendrán más facultades.
Habrá más coordinación de sus funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional. Se busca reforzar controles para identificar a los verdaderos beneficiarios de las empresas y personas políticamente expuestas en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esto con el fin de proteger al sistema financiero y la economía, a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Así se establece en uno de 11 decretos de reforma que publicó la Presidencia en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
Se menciona que la SHCP, previa opinión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), modificará las reglas de carácter general de la ley que se reforma dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto.
Después, en los primeros seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las reglas de carácter general de la ley, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el SAT, implementarán un programa de capacitación y orientación dirigido a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones VII a XI del artículo 18 de la ley que se reforma.
