Por incurrir en responsabilidad institucional al no prevenir, investigar, sancionar y reparar la continua afectación a los derechos al medio ambiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Economía (SE), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y a los integrantes del ayuntamiento de La Colorada en la misma entidad.
Según la CNDH, la Semarnat no evaluó de manera integral el Proyecto Unidad Minera La Colorada y en 2018 lo hizo sólo de manera parcial, tampoco consideró los impactos acumulativos y sinérgicos de las actividades extractivas en el municipio en relación con la población y los factores ambientales y sociodemográficos.
En tanto, dijo, la Secretaría de Economía no atendió el principio de debida diligencia para llevar a cabo las inspecciones necesarias, en caso de tener conocimiento de posibles afectaciones a la legalidad, como ocurrió respecto de las actividades mineras dentro de La Colorada. La Comisión también explicó que la Profepa atendió de manera deficiente las denuncias.
La Comisión pidió a la Semarnat, a la SE, a la Profepa y al gobierno de Sonora, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brinden la reparación integral a los habitantes del municipio de La Colorada afectados en sus derechos por las obras y actividades mineras, en los términos de la Ley General de Víctimas y de su similar estatal, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
