Para evitar revictimizar y erradicar la normalización de la violencia en el Estado de México se sancionará hasta con ocho años de prisión a quien difunda imágenes de personas fallecidas, por lo que por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez, “se delinean acciones transversales que garantizan el respeto a los derechos humanos de víctimas y ofendidos del delito”.
En el Periódico Oficial-Gaceta del Gobierno se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, que establece tipificar conductas que realicen personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan material audiovisual o archivos de víctimas.
Las iniciativas conocidas como Ley Ingrid y Ley Ocaña buscan evitar el menoscabo de la dignidad, el honor y la intimidad de las víctimas y sus seres queridos, puntualizaron autoridades mexiquenses.
Cabe recordar, en los casos que dan nombre a estas leyes (uno ocurrido el Estado de México y otro en la Ciudad de México), filtraron imágenes que revictimizaban a los ofendidos y sus familias, por lo que el Poder Ejecutivo estatal, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, celebró que este decreto tenga como objetivo principal frenar estas acciones.
“Con su aplicación, el Estado de México, el Poder Judicial, sancionará de manera ejemplar y evitará las filtraciones, y la exposición masiva ante los medios de comunicación y redes sociales de este material. Lo anterior preserva la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuye a disminuir el impacto que sufren las víctimas”, puntualiza.
“A la persona que sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación; que realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía, o compartan, oferten e intercambien imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad, el honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares…”, detalla la reforma.
