Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, estableció su posición —con honradez intelectual y dignidad universitaria— en torno al tema del plagio de la tesis. Obviamente, esa posición no “pasará de noche” para el timonel de la República.
Hace muchos años, el ilustre rector Ignacio Chávez, que algo sabía de las contiendas fraguadas desde el poder público contra la autonomía de la Universidad, dijo con buena memoria y certera visión: “la vida de la Universidad ha sido una lección permanente, reflejo fiel de la vida del país. Años de decadencia y agonía, seguidos de un despertar pujante, capaz de todas las realizaciones”. Hoy la Universidad, despierta y laboriosa, sigue su marcha y cultiva su grandeza. Lo hace en medio de adversidades, con el impulso de los universitarios y al servicio de la nación.
Este viernes 20 de enero, el Rector convocó a una reunión en la Torre de la Rectoría --en el mismo mezzanine en el que los estudiantes de los años cincuenta tramitaron la inscripción a la Universidad-- para difundir esa posición en medio de los vientos que corren, animados desde la cumbre del poder.
Ciertamente el problema que los ha generado se reduce a un asunto contencioso que deberá ser resuelto en los términos llanos de la ley. “La ley es la ley» y debe ser puntualmente aplicada. Pero desde el púlpito del poder aquel asunto contencioso se ha convertido en un lance entre el poder político y una de las más nobles instituciones con que cuenta la República: la Universidad Nacional Autónoma de México.
Del mensaje del Rector, se destaca la voluntad insobornable de someterse a la ley y a la razón. El Rector condena lo que es condenable, pero no opera a discreción. Invoca el debido proceso, llama a la reflexión, sugiere serenidad y dispone legalidad. Nada más y nada menos.
De ninguna manera elude su elevada responsabilidad. La ejerce con vigor y ponderación. Se ha definido el alcance de la normativa universitaria. Y se abre la puerta al flujo de las opiniones y al ejercicio de la deliberación, que emprenderán diversas instancias universitarias. Se respetará, con escrúpulo, el debido proceso como medio para encauzar el análisis y fundar las decisiones. La comunidad universitaria escuchará los argumentos de la ética, la equidad y la justicia. Habrá amplio examen y libre opinión.
Esta determinación legalista —”la ley es la ley”, y queremos vivir en un gobierno de leyes, no de gobernantes imperiosos— es la esencia del pronunciamiento rectoral. Se puede sentir confiado y orgulloso de que así sea en el ámbito de la Universidad Nacional. Y se debe preocupar si no es así en el espacio pleno de la nación, donde a menudo se mella el fundamento de la paz y la libertad: la legalidad.