Washington * AP. México ha tenido frustraciones con la administración previa del presidente George W. Bush y esperaba insistir de ''manera fundamental'' con el nuevo presidente Barack Obama en que Estados Unidos cumpla sus propias leyes y cierre el paso de armas ilegales por la frontera hacia el sur, dijo el embajador mexicano ante la Casa Blanca.
Arturo Sarukhán declaró también que el gobierno del presidente Felipe Calderón ''esperaría ver alguna acción'' de Obama en su primer ano en cuanto a la reforma de inmigración, que daría legalidad a más de 8 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, pero dijo que también era ''muy realista'' como para esperar mucho. ''Es un tema muy polarizante'', declaró.
''Las coaliciones que se habían articulado en torno a la reforma integral en 2006 y 2007 tendrán que reconstruirse y esto no ocurre de manera fácil, requiere de un (prolongado) trabajo político...''.
Dijo que México se ha decepcionado con el gobierno del presidente George W. Bush por el muro en la frontera, por su incapacidad para abrir el paso de camiones mexicanos a territorio estadounidense y su falta de visión para ''construir sinergias'' sobre las realidades de ''un México de abundante mano de obra y un Estados Unidos de abundante capital''.
México desearía ahora, de ''manera fundamental'', afirmó Sarukhán, que Obama cierre el paso de las armas que van a grupos criminales en territorio mexicano, cuya violencia según varios informes de la administración Bush amenazaba a México con volverlo un ''estado fallido''.
''Esa caracterización es absolutamente errónea'', dijo explicando que el gobierno mexicano tiene control de su territorio, de grupos militares irregulares, de su población y otros aspectos que precondicionan un estado fallido.
''México de ninguna manera cae dentro de esas características''.
Hizo notar más bien que ninguno de los informes de la era Bush mencionaba que la violencia en México estaba produciéndose ''dentro de un vacío'' generado por la falta de acción de Estados Unidos para cortar el tráfico de armas, los flujos de dinero y otros recursos y afectar así la capacidad de los sindicatos del crimen de combatir al estado mexicano.
