Vuelve a aparecer otra iniciativa que busca dar acceso a las personas residentes de la CDMX al derecho a una muerte digna. La propuesta es impulsada por el Comité Promotor Libertad para Morir, una organización no lucrativa y no gubernamental formada por académicas y académicos.
De lograr recabar las firmas necesarias (alrededor de 20 mil firmas validadas por la autoridad electoral), la iniciativa debe ser considerada por el Congreso de la Ciudad de México para su análisis, discusión y votación.
De aprobarse, las personas con un padecimiento terminal tendrán la opción de morir con apoyo médico. Esto puede darse a través de dos vías: la eutanasia, en la que el personal médico administra los medicamentos que provocan la muerte; o el suicidio médicamente asistido, en la que “el personal de salud proporciona los medicamentos necesarios y acompaña a la persona, quien los administra por sí misma”.
No es la primera vez que se presenta una iniciativa para habilitar la muerte asistida. En 2025 se presentó la “Ley Trasciende”, para cambiar la Ley General de Salud y abrir esta opción en México.
Esa iniciativa fue impulsada, entre otros, por Samara Martínez, una mujer de 30 años diagnosticada con lupus e insuficiencia renal crónica y terminal. Su enfermedad la obliga a estar conectada a una máquina 10 horas al día.
Para quienes padecen enfermedades incurables, terminales o dolores crónicos, el acceso a la eutanasia o la muerte médicamente asistida tendría que ser una opción reconocida en ley. Morir sin sufrimiento excesivo y de manera digna es un derecho como lo es el libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, hoy quienes padecen una enfermedad terminal no pueden decidir morir. Pueden dejar de recibir tratamientos, abandonar las instituciones de salud, recibir cuidados paliativos, pero la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos y castigados por ley.
Es decir, alargar la vida y/o morir en agonía es una imposición del Estado. Más aún, a las personas cuidadoras la ley impone cargas inconmensurables y el sistema de salud, ya sobrecargado, está obligado a prolongar la vida de estas personas.
En 2022 se realizó una encuesta para conocer la opinión pública sobre el tema en México. Los resultados muestran una mayoría a favor de la muerte digna: 68 % de la población encuestada dijo estar de acuerdo con que un paciente que se encuentra en fase terminal de su enfermedad y con un sufrimiento debería tener la opción de decidir adelantar su muerte; 58 % dijo estar de acuerdo con que un médico ayude a un paciente en fase terminal a morir dándole sustancias letales que el paciente tome por sí mismo. En la CDMX este porcentaje asciende a 79 %.
Asimismo, 56 % dijo estar de acuerdo con que el médico ayude a un paciente en fase terminal a morir aplicándole directamente una dosis letal de medicamentos si el paciente lo pide.
No hay razones de peso para imponer la obligación de vivir en agonía y morir sin dignidad, como tampoco la hay para imponer una forma determinada de vida, sexualidad o religión.
Muchos pacientes esperan que la iniciativa de Libertad para Morir recabe las suficientes firmas y en este tema, como en otros, la Ciudad de México sea la puntera de una vida en libertad.
