Después de 24 horas de debate ininterrumpido —en el que hubo 223 oradores, en una de las sesiones más largas y litigadas en la historia de la Cámara de Diputados— se aprobó la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados se escucharon todas las voces, hubo una intensa discusión sobre un tema de la máxima trascendencia: El acceso y uso del recurso hídrico en el país.
El debate sobre el agua no es exclusivo de México; es uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI. En el país, aun cuando la mayoría de los hogares cuenta con una toma de agua entubada, esto no se traduce en un suministro diario o suficiente.
En muchas comunidades el servicio llega solo algunos días a la semana, con baja presión o mediante pipas. Esta brecha entre infraestructura y acceso real refleja una problemática que afecta de manera particular a zonas rurales y de mayor marginación.
La ley aprobada no solo impacta a las cerca de 600 mil personas que cuentan con un título de concesión; afecta directamente a agricultores, ganaderos, comercios y consumidores finales. Es una ley que en realidad impacta a todas y todos los mexicanos.
Diversos representantes del campo de distintos estados, presentaron sus preocupaciones sobre el proyecto de ley. Dentro de ellas se encontraba la de solicitar más tiempo para su análisis, evitar que se dictaminara sin la debida discusión y garantizar que las comunidades fueran tomadas en cuenta.
En un principio la ley se presentó como un esfuerzo para construir una visión más humanista del agua, dejando atrás su carácter de mercancía y colocándola como derecho humano.
También se afirmó que brindaría certidumbre jurídica a los concesionarios, particularmente en materia de sucesiones y en lo relacionado con el binomio tierra-agua. En el discurso, parece un avance, pero en la práctica muchos consideran que no es así.
México necesita una legislación que respete el derecho humano al agua y que garantice, como lo establece la Constitución, su acceso, disposición y saneamiento de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El marco jurídico debe ordenar el uso del agua sin vulnerar la continuidad productiva, sin desalentar la inversión y sin introducir discrecionalidad.
México necesita leyes responsables. Este derecho humano al agua se debe construir en cualquier parte del mundo defendiendo un proceso transparente, técnico y serio, a la altura de la importancia que tiene el vital líquido. Porque lo que se definió marcará el futuro hídrico de las próximas generaciones.
