Luego que ocho militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, fueron vinculados a proceso por el probable delito de omisión de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, la defensa legal analiza demandar a la jueza del Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte.
Los abogados César Omar González y Alejandro Robledo manifestaron que están analizando los recursos legales que interpondrán en contra del auto de formal prisión de los ocho militares, que podría ser un recurso de apelación o una demanda de amparo, y también están analizando las posibles responsabilidades penales en materia de delitos de impartición de justicia en las que haya incurrido la jueza.
Insistieron que analizan presentar una denuncia en contra de ella o bien, ampliar la denuncia que presentaron hace casi un año al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ante la Fiscalía General de la República (FGR) señalado por fabricar pruebas en el informe que rindió de manera pública por el caso Ayotzinapa.
Los litigantes expresaron que en el caso de la jueza, hay delitos contra la administración de justicia, ya que un juez tiene responsabilidad penal al dejar preso a alguien de manera indebida, además que más de 94 tomos de la causa fueron leídos en 24 horas, pero las pruebas y alegatos que presentó la defensa en 144 horas no los menciona en el auto de formal prisión.
Comentaron que para la jueza la defensa es inexistente, “es como si fuera el tribunal de la Santa Inquisición”.
Comentaron que para la jueza la defensa es inexistente, “es como si fuera el Tribunal de la Santa Inquisición”.
Los abogados recordaron que los uniformados tuvieron contacto con otros normalistas que están vivos y fue en la Clínica Cristina.
