Las universidades públicas estatales arrastran un déficit acumulado de 55 mil 400 millones de pesos entre 2019 y 2026, lo que pone en riesgo el pago de salarios, pensiones y jubilaciones, así como la ampliación de la matrícula y el mantenimiento de instalaciones.
Los rectores exigieron a la Cámara de Diputados una ampliación presupuestal de 36 mil 800 millones de pesos para atender el rezago financiero de las instituciones.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) advirtió que la insuficiencia de recursos afecta directamente las oportunidades educativas de los jóvenes.
Según su diagnóstico, cada año 211 mil estudiantes dejan las universidades públicas, de ellos 76 %, equivalente a más de 160 mil, dejan sus estudios por dificultades económicas.
Situación financiera compleja
En una reunión en la Cámara de Diputados, el secretario general ejecutivo de la asociación, Luis González Placencia, advirtió que las universidades públicas estatales enfrentan una situación financiera sumamente compleja, agravada por la inflación y la eliminación progresiva de fondos extraordinarios destinados a investigación, infraestructura y desarrollo académico.
Explicó que la mitad del déficit financiero acumulado responde a las pérdidas operativas derivadas de la diferencia entre la inflación proyectada por las autoridades hacendarias y el alza real de los precios al cierre de cada ejercicio fiscal.
Esta situación ha limitado la capacidad de las instituciones para contratar y sostener sus plantillas docentes, adquirir equipos especializados, ampliar espacios educativos y atender las necesidades de más de tres millones de estudiantes de las universidades públicas estatales.
La Anuies presentó a legisladores federales un diagnóstico donde planteó una ampliación de 36 mil 800 millones de pesos, de los cuales 9 mil 500 millones se requieren para atender necesidades inmediatas en 2027, y otros 27 mil 300 millones serían asignados gradualmente para constituir el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior.
Los recursos de aplicación inmediata permitirían financiar aumento salarial, ajustes derivados del incremento al salario mínimo, reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones, así como la creación de un fondo solidario para mantenimiento e infraestructura universitaria.
En el encuentro en San Lázaro, González Placencia y un grupo de rectores pidieron corregir las distorsiones presupuestarias acumuladas, restablecer los fondos extraordinarios desaparecidos y garantizar recursos suficientes para sostener las actividades académicas, científicas y tecnológicas de las instituciones.
La rectora de la Universidad de Sonora, Dena María Jesús Camarena, pidió un aumento presupuestal de 4 % para todas las universidades públicas estatales, acompañado de un programa de recuperación salarial. Señaló que los recursos disponibles resultan insuficientes para cubrir sus compromisos laborales.
